Como si el dolor y la desesperación por haber sido víctima de violación no fueran suficientes, muchas mujeres que quedaron embarazadas y dieron a luz tras ser agredidas sexualmente deben mantener comunicación con su violador para garantizarle sus derechos paternos y permitirle la custodia o visita del menor.
Es una realidad ruda que, como revela un documental de Lisa Ling en CNN, enfrentan muchas mujeres en Estados Unidos, sobre todo en los siete estados del país que no cuentan con leyes para proteger a víctimas de violación de tener que lidiar con demandas de custodia legal de sus hijos emprendidas por su agresor sexual. Además, en 21 estados se requiere que el agresor sexual haya sido condenado para que legalmente se le puedan restringir sus derechos a la custodia y visita paterna.
De acuerdo a cifras de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales citadas por CNN, entre 5,000 y 16,000 mujeres que cada año dan a luz a un hijo producto de una violación en Estados Unidos podrían estar en riesgo, dependiendo del lugar en el que viven, de que una corte dicte que tienen que compartir la custodia con el padre del menor. Es decir, muchas mujeres están o podrían estar en la obligación legal de comunicarse y reunirse frecuentemente con su violador y dejar que éste pase tiempo con su hijo o hija.
Ling entrevistó a Noemi, una joven de Nebraska que fue violada cuando era adolescente, quedó embarazada y decidió no optar por el aborto y tener a su bebé. Pero como su agresor al final fue condenado sólo por un delito de agresión sexual en tercer grado, la ley no le restringió sus derechos de paternidad (algo que en Nebraska sólo sucede con los sentenciados por crímenes en primer grado). Por ello, cuando el estado comenzó a exigirle al padre dinero de manutención, el hombre demandó a su vez el derecho a tener visitas frecuentes con su hija.
Y dado que en numerosas ocasiones muchas violaciones no se reportan o no conducen a una sentencia condenatoria, muchas mujeres que quedaron embarazadas tras una agresión sexual se encuentran en la tensa situación de tener que interactuar con su victimario y permitirle acceso a su hija o hijo.
A la fecha, de acuerdo a la Conferencia Estatal de Legislaturas Estatales, 22 estados tienen leyes que anulan los derechos paternales del agresor sexual si éste fue hallado culpable de una violación que fue causa de embarazo; y en otros 12 estados la ley puede negar o restringir los derechos de custodia o visita paternos a culpables de agresores sexuales.
Pero en esos casos por lo general es necesario que se haya dictado una sentencia condenatoria contra el agresor, en ciertos casos de grado mayor, lo que conduce a situaciones desgarradoras como la de Noemi.
De acuerdo a CNN, entre las causas de este problema figuran la vigencia de leyes, creadas hace décadas, que en el tema de los derechos paternales (tanto la manutención como la custodia o visita) no tenían en cuenta la forma en que se dio el embarazo y la actitud de la sociedad de entonces que no reconocía esos derechos a hijos de mujeres no casadas. Todo eso se reforzó, narra CNN, con la noción de que las mujeres que quedan embarazadas tras una violación “odian” a sus hijos y por ello recurrirán al aborto o a la adopción y por ello en esos casos no procedería la cuestión de los derechos paternales.
Se trata de nociones incompletas, que arrastran prejuicios y no consideran la problemática de la violación y la protección de las víctimas en toda su tremenda magnitud.
Ese limbo legal, así, ha sumido a muchas mujeres en un grave desasosiego al tener que seguir interactuando, en compañía de sus hijos, con sus violadores.
